Cotuí amanece esta mañana con
la misma luz dorada de hace casi doce meses. Los gallos rompen la madrugada, el
comercio levanta sus cortinas, las reses pastan en los potreros del Cibao
Oriental con la indiferencia plácida del ganado. Pero en una casa —y, a estas
alturas, en muchas casas de esta comarca— el almanaque se detuvo el 19 de mayo
de 2025. Aquella tarde, Cristino Valdez Rojas, ganadero de oficio y de apellido
respetado, salió a cerrar un negocio en Luisa la Prieta, provincia de Monte
Plata y no volvió jamás.
Compraría veintidós reses.
Nunca regresó. Un año después, la frase popular —"se lo tragó la
tierra"— duele más por lo literal que por lo metafórico.
La tierra no traga; calla
quien sabe
Conviene desmontar el refrán.
La tierra dominicana, generosa hasta con quienes la maltratan, no traga
hombres. Lo que oculta a los nuestros es la voluntad de otros hombres y, peor
aún, la negligencia de quienes recibieron del Estado la misión sagrada de buscarlos.
Las pesquisas iniciales del DICRIM apuntaron temprano: una hipótesis de
emboscada, un monto en efectivo todavía sin cuantificar, sospechosos
identificables, evidencias que cualquier investigador novato sabría leer. No
estamos ante un caso sin pistas; estamos ante un caso con demasiadas pistas que
nadie quiere seguir.
El expediente que duerme
Aquí me permito invocar lo
que mi formación en las leyes me obliga a no callar. El Código Procesal Penal
dominicano deposita en el Ministerio Público la titularidad de la acción penal
pública y, con ella, una obligación que pocos recuerdan: el principio de
objetividad. El fiscal no es abogado del imputado ni vengador de la víctima; es
servidor de la verdad. Investigar lo que inculpa y también lo que exculpa.
Pero, sobre todo, investigar.
Cuando los oficiales
asignados solicitan en repetidas ocasiones órdenes de arresto y allanamiento
contra personas razonablemente sospechosas, y la respuesta del despacho fiscal
de Monte Plata es la negativa o, peor, el silencio administrativo, ya no hablamos
de tecnicismos procesales. Hablamos de una omisión con nombre y apellido
institucionales. El expediente archivado no es papel: es el rostro de Cristino
Valdez metido en una gaveta, esperando que el tiempo —aliado incondicional de
la impunidad— haga el trabajo sucio de borrar la memoria.
La empatía del vecino
Escribo estas líneas como
habitante de Cotuí, como hombre que conoce de oídas la honradez de los Valdez,
como ciudadano cuyos hijos cruzan los mismos caminos que cruzó el desaparecido.
La empatía, en estos casos, no es un sentimiento abstracto: es el latido que se
acelera al imaginar a los propios hijos peregrinando durante un año entre
cuarteles, fiscalías y despachos, buscando una respuesta que no llega. Es la
rabia silenciosa de saber que pudo haber sido cualquiera de nosotros.
Los hijos de Don Cristino han
hecho lo que ningún hijo debería hacerse cargo: suplir con su angustia la
diligencia que el Estado les niega. Han tocado puertas, formulado preguntas,
sostenido la búsqueda con sus propios recursos mientras la maquinaria que
pagamos entre todos guarda un mutismo elocuente. ¿Qué le dice esto al ganadero,
al campesino, al comerciante que se levanta antes del alba para sostener una
economía que el discurso oficial celebra en cifras? Le dice que el contrato
social está, en su caso, suspendido. Que la seguridad, ese mínimo civilizatorio
sin el cual no hay república que valga, se ha vuelto privilegio incierto.
Las preguntas que arden
Quedan, entonces,
interrogantes que no admiten respuesta cómoda. ¿Perderá el hombre honesto y
trabajador, en esta isla nuestra, el derecho elemental a regresar a casa?
¿Habremos de aceptar que quien tiene cómo pagarse el silencio se compre,
además, la indolencia de las autoridades? ¿Está el aparato investigativo
protegiendo intereses ajenos a la justicia, o es simplemente víctima de su
propia fatiga moral? No formulo acusaciones; formulo dudas razonables, que es
lo que un Estado de Derecho permite —y exige— a sus ciudadanos.
El espejo de Cotuí
A la tierra dominicana no se
le traga nada. La tierra recuerda: guarda en sus huellas, en sus testigos
involuntarios, en sus rumores de monte, los pasos de quienes la cruzan. Lo que
se traga a Cristino Valdez Rojas no es el suelo del Cibao ni el de Monte Plata;
es la indiferencia institucional, ese sumidero burocrático donde los
expedientes se vuelven polvo y las familias, sombras.
Que conste, entonces, en esta
tribuna modesta: a un año de aquella tarde de mayo, Cotuí no olvida. Y el país
tampoco debería. Porque mientras un solo expediente duerma con evidencias
suficientes para despertar a la justicia, ningún dominicano honrado puede
dormir tranquilo. La desaparición de un hombre, cuando el Estado la consiente
con su pereza, deja de ser un caso: se convierte en un espejo. Y lo que ese
espejo nos devuelve, hoy, no es un rostro al que podamos mirar sin
estremecernos.
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