¿Puede una persona ser condenada por homicidio sin cadáver?
La primera condena sin cadáver fue pronunciada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Monseñor Nouel, el 5 de mayo de 2017, donde fueron condenados a 30 años de reclusión mayor cinco acusados por secuestro y desaparición de un ciudadano cuyo cadáver nunca ha podido ser encontrado pero todos los indicios, pruebas y testimonios y declaratorias de culpabilidad llevaron el tribunal a producir esta sentencia.
Por Lic.
Cesar Amadeo Peralta
Abogado
Caso de la
niña la menor Brianna Genao González, desaparecida desde el pasado 31 de
diciembre en el municipio de Imbert, Puerto Plata y donde su tío y un primo
segundo, Reyes Núñez Rosario, de 43 años y Rafael Núñez Rosario, conocido como
“Papito”, de 52, quienes habrían confesado su implicación en el crimen,
mediante interceptación telefónica, en la cual habían admitido los hechos a un
familiar, indicando que el cuerpo de la menor fue desaparecido y que “sin
cuerpo no hay delito”.
Entrevistado
por periodistas de este medio, sobre la posibilidad que tienen los familiares
de una persona desaparecida, con serias evidencias de muerte por homicidio
intencional, culposo y aun por un homicidio involuntario, de procesar antes los
tribunales a quienes se les impute el hecho, el abogado Cesar Amadeo Peralta
nos aclaró diciendo, que “claro que sí”,
existen varios precedentes en la justicia dominicana de condenas de hasta 30
años de prisión sin la existencia material del cadáver.
El acto de
causarle la muerte a otra persona muchas veces lleva al autor a intentar
encubrir el crimen hasta ocultándolo o desapareciéndolo, Peralta recordó que la
ley 136-80 de fecha 23 de mayo del año 1980, que declara obligatoria la
práctica de la autopsia judicial en la instrucción preparatoria del proceso
penal por homicidio, tiene una excepción en su párrafo único, cuando establece
que;
Párrafo:
Cuando la autopsia no pudiese ser practicada por alguna causa, el funcionario
encargado de ordenarla, dictará al efecto Auto motivado dentro de las 72 horas
del apoderamiento.
Explicó
también que el artículo 9 de la misma ley 136-80, establece que no podrá
hacerse la autopsia de un cadáver sin la previa certificación de la muerte
expedida por el Médico Legista, luego de este funcionario emplear los
procedimientos habituales para asegurar su realidad.
Lo que
refuerza nuestro criterio jurídico amparado en la ley, de que no es obligatorio
la existencia de una autopsia sobre un cuerpo desaparecido de una víctima, ni
tampoco es obligatorio poseer un certificado de muerte expedido por el médico
legista, porque ninguno de los dos ha podido ver el cadáver, y por tanto la ley
le permite al Ministerio Público dictar un “Auto motivado”, de las causas,
circunstancias y hechos que impiden la realización de la autopsia, y del levantamiento del certificado de
defunción, lo que legaliza el proceso penal, más aún si está basado y
sustentado en otras múltiples pruebas, ya que de no ser así eso les hubiese
permitido a los grandes criminales salirse con las suyas desapareciendo en
cuerpo.
El abogado
Amadeo Peralta aclaró, que la primera condena sin cadáver fue pronunciada por
el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Monseñor Nouel, el 5 de mayo de
2017, donde fueron condenados a 30 años de reclusión mayor cinco acusados por
secuestro y desaparición de un ciudadano cuyo cadáver nunca ha podido ser
encontrado pero todos los indicios, pruebas y testimonios y declaratorias de
culpabilidad llevaron el tribunal a producir esta sentencia.
La segunda
condena sin cadáver fue pronunciada contra los acusados Ana Luisa Villanueva,
Teodoro Santos y Julio César Herrera, el
día 25 de junio de 1991, por la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, la cual fue confirmada en su totalidad por la
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo en fecha 19 de junio de
1997 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia, confirmando el criterio
sostenido por los tribunales de primer y segundo grado.
Peralta
recordó que la tercera condena sin cadáver a 30 años de reclusión mayor fue
pronunciada en febrero del año 2020, por el Cuarto Tribunal Colegiado del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de Miguel Ángel
Jorge Cruz alias (Miguelito el Sicario) por un caso de asesinato en el cual el
cadáver de la víctima no pudo ser hallado, sentando de esta manera un
importantísimo precedente para el órgano acusador en materia de crimen
organizado, aunque posteriormente la Corte de Apelación ordeno la celebración
de un nuevo juicio y no se en que paro ese caso.
Dijo que
durante este juicio, el Ministerio Público comprobó ante el Cuarto Tribunal
Colegiado, que el hoy condenado incurrió en la violación de los artículos 295,
296, 297 y 302 del Código Procesal Penal Dominicano que tipifica el asesinato y
el sicariato como un delito muy grave.
El
expediente acusatorio narra que el condenado Miguel Ángel Jorge alias
(Miguelito El Sicario) y la víctima Ramón Adolfo Rodríguez Castillo acordaron
reunirse en una estación de combustible, la tarde del 27 de junio 2017, fecha
en que el acusado según el expediente asesinó y desapareció el cuerpo de la
víctima y el mismo pudo ser condenado luego de un proceso investigativo que
incluyó el análisis de inteligencia electrónica, recolección de pruebas
testimoniales, documentales, materiales, referenciales y periciales, a través
de las cuales se determinó que la última vez que la víctima se vio con vida fue
junto al acusado, además de que el incendio de su vehículo fue provocado y que
Miguelito el Sicario estaba en el lugar del hecho, lo que confirma su culpabilidad.
Peralta
sostuvo que hay casos en los cuales los imputados confiesan el crimen o los
testigos narran los hechos y señalan como fue que los autores cometieron el
crimen y la ley no exige de manera obligatoria la presencia del cuerpo del
delito, tampoco el dictamen forense de la muerte de la víctima y esos casos son
posibles en el ámbito del crimen organizado, puesto que pueden acreditarse a
través de otros medios de prueba, como testigos, cámaras de videos y
presunciones lógicas de hechos que resulten creíbles, como el hecho de que la
víctima y el imputado salieron juntos y solos y pudiera haber sido lanzada a la
profundidad del mar o de algún río caudaloso, o lanzada a las fauces de
animales carnívoros feroces como es el caso de personas que tienen cocodrilos,
leones, hipopótamos y otros que pueden devorar un cuerpo y dejar muy pocos
rastros, hay personas que viven en lugares aislados sin vecinos cercanos y
existen otras desapariciones en las cuales pudiera haber homicidios y
desapariciones en incendios a muy elevadas temperaturas o en alta mar y otras
circunstancias incontrolables.
Peralta
recordó otro caso emblemático del comerciante Ramón Sánchez (alias Monso), de
85 años desaparecido desde el 27 noviembre del 2013 sin que exista ningún
rastro del mismo hasta la fecha, cuando fue raptado en su casa de Villa Trina,
Moca, donde cinco hombres fueron condenados a 30 años de reclusión mayor por su
muerte y desaparición incluido un hijo del comerciante desaparecido
También
fue condenado a 30 años de reclusión mayor el caso del Panadero Esterlín
Francisco Santos, que fue acusado de secuestrar, violar sexualmente, asesinar y
desaparecer el cuerpo de la niña Liz María Sánchez, de 9 años de edad, en un
hecho que se produjo en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, donde el
Ministerio Publico tenía como evidencia los videos de la niña mientras entraba
al callejón donde residía el imputado y posteriormente el video donde el
panadero salía en su motor con un saco de nylon amarado en la parte trasera de
su motor en donde se presumía que llevaba el cadáver de la niña y el mismo al
ser arrestado e interrogado por las autoridades competentes, tras su perfil
sospechoso, el hoy condenado admitió haber violado sexualmente a la menor edad,
a la que luego estranguló y metió su cadáver con piedras dentro de un saco se
dirigió al mar Caribe y próximo al Kilómetro 14 de la Autopista Las Américas,
se acercó a los arrecifes y lanzó el saco a las aguas del mar. El cadáver de la
niña aún no ha podido ser localizado.
Peralta
concluyó diciendo que cada caso tiene su particularidad especial pero que en
casos similares a estos, en el que se ha desaparecido el cadáver de la víctima,
sin que pueda ser hallado, tienen jurisprudencias más notorias y seguidas en
otros países como España, Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, logrando
que se dicten sentencias para que los culpables sean condenados.
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